El sistema mundial de derechos humanos está en peligro. Bajo la presión implacable del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el embate incesante por parte de China y Rusia, el orden internacional basado en normas se está haciendo añicos, y podría arrastrar consigo la arquitectura en la que se han apoyado las defensoras y los defensores de derechos humanos para avanzar normas y proteger libertades. Para desafiar esta tendencia, los gobiernos que todavía valoran los derechos humanos, junto con los movimientos sociales, la sociedad civil e instituciones internacionales, deben formar una alianza estratégica que oponga resistencia.
A decir verdad, la espiral descendente empezó antes de la reelección de Trump. La ola democrática que comenzó hace más de 50 años ha cedido espacio a lo que los académicos han llamado “recesión democrática”. La democracia ha vuelto a los niveles de 1985, según algunas métricas, y el 72 % de la población mundial ahora vive en contextos de autocracia. En Rusia y China hoy hay menos libertad que hace 20 años. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos.
Obviamente, la democracia no es una panacea en la que no ocurren violaciones de derechos humanos; Estados Unidos y otras democracias afianzadas tienen sus propios antecedentes de crímenes coloniales, racismo, sistemas de justicia abusivos y atrocidades en épocas de guerra. Más recientemente, los líderes autoritarios se han valido de la desconfianza y la indignación pública para ganar elecciones y, posteriormente, han desmantelado a las mismas instituciones que los llevaron al poder. Las instituciones democráticas son cruciales para representar la voluntad del pueblo y mantener el poder bajo control. No es de extrañar que cada vez que se avasalla la democracia, ocurre lo mismo con los derechos, como se ha evidenciado en los últimos años en la India, Turquía, Filipinas, El Salvador y Hungría.
PRIMERA: El representante parlamentario del Movimiento Momentum, David Bedo, y el diputado independiente Akos Hadhazy protestan contra una ley que prohíbe las marchas del Orgullo en Hungría e impone multas a los organizadores y asistentes a dichos eventos, Budapest, 18 de marzo de 2025. © 2025 Marton Monus/Reuters; SEGUNDA: Estudiantes universitarios se enfrentan a la policía antidisturbios en el distrito de Beşiktaş de Estambul tras la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, 20 de marzo de 2025. © 2025 Ozan Köse/AFP a través de Getty Images
Con este trasfondo, el 2025 podría entenderse como un punto de inflexión. En apenas 12 meses, la Administración Trump ha impulsado una ofensiva amplia contra pilares clave de la democracia estadounidense y del orden global basado en normas, que Estados Unidos, pese a cierta falta de congruencia, ha sido fundamental para que se estableciera, junto a otros estados.
En poco tiempo, el segundo mandato de Trump ha mellado la confianza en la inviolabilidad de las elecciones, disminuido la rendición de cuentas gubernamental, aniquilado la asistencia alimentaria y los subsidios a la atención de la salud, atacado la independencia judicial, desobedecido órdenes judiciales, deshecho avances en los derechos de las mujeres, obstruido el acceso a la atención del aborto, socavado las reparaciones por daños raciales, cancelado programas que establecían la accesibilidad para personas con discapacidad, castigado la libertad de expresión, despojado de protecciones a las personas trans e intersexuales, erosionado la privacidad y usado el poder gubernamental para intimidar a opositores políticos, medios de comunicación, estudios de abogados, universidades, la sociedad civil e incluso a humoristas.
Alegando que existe un riesgo de “borrado de una civilización” en Europa y apelando a clichés racistas para calificar a poblaciones enteras como no bienvenidas en Estados Unidos, la Administración Trump ha adoptado políticas y retóricas que se alinean con la ideología del supremacismo blanco. Inmigrantes y solicitantes de asilo han sido sometidos a condiciones inhumanas y tratos degradantes; 32 de estas personas murieron en 2025 bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., y otras 4 habían muerto hasta mediados de enero. Agentes de inmigración enmascarados han atacado a personas de color y han empleado fuerza excesiva, aterrorizando a comunidades, arrestando injustamente a decenas de ciudadanos y, más recientemente, matando injustificadamente a dos personas en Minneapolis, cuyas muertes han sido documentadas por Human Rights Watch.
No hay dudas de que el Presidente de EE. UU. tiene autoridad para establecer controles más rigurosos en las fronteras del país y asegurar que se apliquen políticas de inmigración más estrictas. Sin embargo, la administración no puede denegar las garantías de debido proceso legal a solicitantes de asilo, maltratar a migrantes indocumentados ni discriminar ilegalmente. En una democracia que funciona, ningún mandato electoral puede prevalecer por sobre la legislación nacional, las protecciones constitucionales o el derecho internacional de los derechos humanos. Pero el equipo de Trump ha sorteado reiteradamente estas salvaguardias.
Las violaciones no se han detenido en la frontera. El gobierno de Trump recurrió a una ley de 1798 para enviar a cientos de migrantes venezolanos a una cárcel nefasta en El Salvador, donde esas personas sufrieron torturas y abusos sexuales. Los ataques manifiestamente ilegítimos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico mataron extrajudicialmente a más de 120 personas que Trump afirma que eran narcotraficantes.
El comandante de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. Gregory Bovino (C) camina por una tienda departamental en St. Paul, Minnesota, el 11 de enero de 2026.
Un migrante venezolano sentado dentro de una celda en la prisión CECOT en Tecoluca, El Salvador, el 16 de marzo de 2025.
Después de que Estados Unidos atacara a Venezuela y aprehendiera a su presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, Trump afirmó que Estados Unidos “gestionaría” el país y controlaría sus vastas reservas de petróleo. A pesar de repudiar de palabra ante las Naciones Unidas la situación de los derechos humanos en el gobierno de Maduro, Trump ha empleado el mismo aparato represivo para promover los intereses de EE. UU. Muchos aliados occidentales han optado por guardar silencio ante estas acciones al margen de la ley, tal vez porque temen la posibilidad de aranceles erráticos y retrocesos en sus alianzas.
La política exterior de Trump ha echado por tierra el orden basado en normas que busca promover la democracia y los derechos humanos, pese a sus imperfecciones.
Trump se ha jactado de que no “necesita el derecho internacional” como límite, sino tan solo su “propia moralidad”. Su gobierno ha politizado el informe anual de derechos humanos que elabora el Departamento de Estado de EE. UU., se ha distanciado de la prohibición global de las minas antipersonales, se ha expresado a favor de reformular las normas internacionales sobre asilo y ha omitido el Examen Periódico Universal de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos.
Su administración se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud y prevé desvincularse de 66 organizaciones y programas internacionales a los que describe como parte de un “modelo perimido de multilateralismo”, incluidos foros que son clave para las negociaciones sobre el clima. Ha destruido programas de ayuda estadounidense que fueron salvoconductos vitales para niños, niñas, personas mayores y otros que necesitan atención de la salud, personas LGBT, mujeres y defensores y defensoras de derechos humanos, y retuvo la mayoría de sus cuotas a la ONU.
Trump también ha hecho que los autócratas se sientan empoderados y ha debilitado a aliados democráticos. Mientras reprende a algunos líderes electos de Europa Occidental, él y otros altos funcionarios han expresado admiración por la extrema derecha nativista europea. Ha favorecido a autócratas como el primer ministro húngaro Viktor Órban, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, y a la vez sigue dando continuidad a las décadas de apoyo estadounidense al príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y al presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi.
Su gobierno ha impuesto sanciones injustificadamente para castigar a renombradas organizaciones palestinas de derechos humanos, al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y a muchos de sus magistrados, a una relatora especial de la ONU y, durante varios meses, a un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil y a su esposa.
La respuesta institucional en EE. UU. al acaparamiento de poder por parte de Trump ha permanecido sorprendentemente silenciosa. Gran parte del Congreso, controlado por su propio partido, no ha cuestionado la expansión exorbitante de la rama ejecutiva. Los líderes de las compañías tecnológicas más poderosas de Estados Unidos han hecho donaciones significativas y han tratado de aplacar al Presidente. Algunos grandes estudios de abogados y universidades prestigiosas han hecho tratos en vez de reivindicar su independencia, y algunos medios parecen temerosos de concitar la ira del presidente.
¿Acaso EE. UU. ha cambiado de bando en lo relativo a los derechos humanos? Si bien la relación de EE. UU. con las instituciones de derechos humanos siempre ha sido selectiva, China y Rusia impulsan desde hace tiempo una agenda antiliberal. Se beneficiarían mucho con un gobierno estadounidense que ahora expresa abiertamente hostilidad hacia los derechos universales. China y Rusia siguen siendo rivales estratégicos de EE. UU., pero ahora los líderes de estos tres países comparten un desdén manifiesto por las normas y las instituciones que podrían poner coto a su poder.
La policía detiene a un activista frente a la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso, antes de que los legisladores aprobaran un proyecto de ley que castiga las búsquedas en Internet de información considerada "extremista", en Moscú, el 22 de julio de 2025.
Juntos, ejercen un considerable poder económico, militar y diplomático. Si actuaran en todo momento como aliados de conveniencia para erosionar las normas globales, podrían poner en riesgo a la totalidad del sistema. Una red internacional informal de países como Corea del Norte, Irán, Venezuela, Myanmar, Cuba y Bielorrusia ya trabaja en forma concertada con Rusia y China. Estos líderes comparten muy poco en términos ideológicos, pero sí están alineados en el objetivo de socavar los derechos humanos y promover una agenda internacional regresiva. En el discurso y en la práctica, el gobierno de EE. UU. ahora les está ayudando en este esfuerzo.
PRIMERA: Cámaras de vigilancia instaladas en Lhasa, Región Autónoma del Tíbet, 27 de junio de 2025. © 2025 Kyodo News a través de Getty Images; SEGUNDA: Un televisor en un restaurante de Hong Kong muestra el lanzamiento de un misil durante unas maniobras militares realizadas por China alrededor de la isla de Taiwán, 5 de agosto de 2022. © 2022 Isaac Lawrence/AFP a través de Getty Images
El debilitamiento de las instituciones multilaterales por parte de EE. UU. también asestó un duro golpe a las acciones globales para prevenir o detener crímenes internacionales graves. El movimiento “Nunca más”, nacido de los horrores del Holocausto y reactivado por el genocidio ruandés y el bosnio, impulsó a la Asamblea General de la ONU a adoptar la Responsabilidad de Proteger (Responsibility to Protect, R2P) en 2005. La responsabilidad de proteger, que busca orientar la intervención internacional para prevenir y detener atrocidades paralelamente a los esfuerzos para enjuiciar y castigar crímenes graves, marcó una diferencia concreta en lugares como la República Centroafricana y Kenia.
En la actualidad, prácticamente no se invoca la responsabilidad de proteger y la CPI se encuentra asediada. Además de las sanciones de amplio alcance establecidas por Trump, en diciembre de 2025 un tribunal de Moscú condenó en ausencia al fiscal de la CPI y a ocho de sus magistrados a penas de prisión. A su vez, pese a ser prófugo de la CPI, el presidente ruso Vladimir Putin fue recibido en 2025 por Donald Trump en Alaska, y el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajó a Hungría —que en ese momento era Estado miembro de la CPI— por invitación de Orbán.
Hace 20 años, la sociedad civil y el gobierno de EE. UU. fueron fundamentales para movilizar una respuesta a las atrocidades masivas en Darfur. La situación en Sudán otra vez es sumamente álgida, pero ahora durante la gestión de Trump, y con relativa impunidad. Las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán (Rapid Support Forces, RSF), surgidas de las milicias que encabezaron la anterior campaña de limpieza étnica, de nuevo están perpetrando homicidios y violaciones sexuales de forma masiva. Un conjunto de evidencias cada vez mayor indica que los Emiratos Árabes Unidos, un aliado de larga data de EE. UU. que hace poco celebró acuerdos multimillonarios con Trump, están prestando apoyo militar a las RSF.
Una antigua estación de autobuses convertida en asentamiento para desplazados internos en Gedaref, Sudán, 19 de enero de 2025.
En el Territorio Palestino Ocupado, las fuerzas armadas israelíes han cometido actos de genocidio, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad, y han matado a más de 70.000 personas desde los ataques dirigidos por Hamás contra Israel en octubre de 2023 y desplazando a la gran mayoría de la población de Gaza. El repudio global a estos crímenes fue desigual y no se realizaron acciones suficientes. En respuesta, algunos países interrumpieron o pausaron las ventas de armas a Israel o aplicaron sanciones a ministros israelíes. Sin embargo, Trump mantuvo la política estadounidense asentada de apoyar casi incondicionalmente a Israel, incluso cuando la Corte Internacional de Justicia está sopesando acusaciones de genocidio y ha emitido órdenes vinculantes al amparo de la Convención contra el Genocidio para proteger los derechos de los palestinos.
En febrero, Trump anunció un plan estadounidense alarmante que busca transformar a Gaza en una “Riviera del Medio Oriente” sin población palestina, lo que equivaldría a limpieza étnica. La implementación del plan de paz de Trump de 20 puntos se ha estancado y la administración ha normalizado incluso más el despojo de los palestinos, al no denunciar públicamente que Israel mata habitualmente a quienes se acercan a la “línea amarilla” que ahora divide Gaza, la demolición continua de viviendas palestinas y las restricciones ilegítimas a la ayuda humanitaria.
PRIMERA: Una niña palestina entre los escombros en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 14 de abril de 2025. © 2025 Bashar Taleb/AFP vía Getty Images; SEGUNDA: Palestinos inspeccionan una casa demolida por las fuerzas militares israelíes en la localidad de Qabatiya, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 17 de julio de 2025. © 2025 Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images
En relación con Ucrania, los esfuerzos de paz de Trump han minimizado constantemente la responsabilidad de Rusia por violaciones graves. Estas incluyen bombardeos indiscriminados, obligar a ucranianos en áreas ocupadas a prestar servicio en el ejército ruso, la tortura sistemática de prisioneros de guerra ucranianos, el secuestro y la deportación de niñas y niños ucranianos a Rusia y el uso de drones cuadricópteros para cazar y matar civiles. En vez de aplicar una presión significativa sobre Putin para que detenga estos crímenes, Trump increpó públicamente al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, durante un acto de reprimenda montado para la televisión, y exigió un acuerdo minero leonino, presionó a las autoridades ucranianas para que cedieran grandes extensiones de territorio y propuso una “amnistía total” por crímenes de guerra.
El mensaje es claro: en el nuevo desorden mundial de Trump, “la fuerza hace el derecho” y las atrocidades no son motivo de ruptura.
Un hombre se encuentra en el patio de su casa tras un ataque ruso en las afueras de Odesa, Ucrania, el 11 de marzo de 2025.
Si EE. UU. debilita al sistema global de derechos humanos, ¿quiénes se alzarán en su defensa? Pese a las retóricas rimbombantes, muchos gobiernos tratan a los derechos y al Estado de derecho como un obstáculo, en vez de un beneficio, para la seguridad y el crecimiento económico. La Unión Europea, Canadá y Australia parecen refrenarse por temor a irritar a EE. UU. y China. Otros se ven debilitados por la forma en que los partidos políticos que muestran tendencias antiliberales han distanciado su política interna y su discurso de un enfoque que respete los derechos humanos. En muchas partes de Europa Occidental, como el Reino Unido, Alemania y Francia, muchos votantes aceptan de buen gusto que se limiten los derechos de “otros”, ya sean inmigrantes, mujeres, minorías raciales y étnicas, personas LGBT u otras comunidades marginadas. Pero como lo prueba la historia, los autócratas en potencia nunca se detienen en los “otros”.
Para llenar este vacío, existe una necesidad urgente de forjar una nueva alianza mundial para apoyar los derechos humanos internacionales dentro de un orden basado en normas. Individualmente, es esperable que estos países se vean abrumados por la influencia global de EE. UU. y China. Pero juntos, podrían convertirse en una fuerza política poderosa y un bloque económico contundente. Los participantes lógicos de una alianza interregional de este tipo serían democracias establecidas y con un importante peso económico y geopolítico, lo que incluye, entre otras, a Australia, Brasil, Canadá, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur y el Reino Unido, así como la UE como institución y muchos de sus Estados miembros.
Es crucial mirar más allá de los actores habituales. El orden multilateral fue construido, ladrillo a ladrillo, por estados de todas las regiones a lo largo de décadas. Países como Costa Rica, Ghana, Malasia, México, Senegal, Sierra Leona y Vanuatu han desempeñado un papel importante en iniciativas específicas sobre derechos humanos en foros internacionales clave. Diplomáticos creativos de estados más pequeños, como Liechtenstein y Gambia, han sido fundamentales para promover la justicia internacional. Y debe reconocerse que el apoyo a los derechos humanos nunca ha provenido exclusivamente de democracias poderosas o de países donde la situación de los derechos haya sido óptima.
En teoría, la India, considerada durante mucho tiempo la democracia más grande del mundo, podría ser un miembro clave de esta alianza global, en vista de que anteriormente se opuso al apartheid en Sudáfrica y defendió los derechos de minorías en el Tíbet y Sri Lanka. Lamentablemente, bajo una gestión de Narendra Modi que promueve activamente el mayoritarismo hindú, es muy improbable que la India pueda presentarse como defensora de los derechos humanos. En un contexto en que las autoridades indias oprimen a opositores políticos, atacan a minorías, especialmente musulmanas y cristianas, censuran voces independientes, prohíben libros y cometen atrocidades en operaciones de contrainsurgencia, por ahora es poco probable que vean conveniente fortalecer un sistema que, en algún momento, podría usarse en su contra.
Sin embargo, la India también ha sido blanco de la administración Trump por comprar petróleo ruso y considera a China, con la que se ha disputado su frontera compartida, como un competidor estratégico. El gobierno indio históricamente ha elegido el estatus de “no alineado”, pero tal vez considere que limpiar su historial de derechos humanos para unirse a otras democracias podría protegerlo de las grandes potencias agresivas.
El personal de seguridad monta guardia durante el toque de queda impuesto tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Imphal, Manipur (India), el 9 de junio de 2025.
Esta coalición global de democracias que respeten los derechos podría ofrecer otros incentivos para contrarrestar las políticas de Trump que han menoscabado la gobernanza del comercio multilateral y los acuerdos comerciales recíprocos que incluían la protección de derechos. La adopción de acuerdos comerciales atractivos, con protecciones genuinas a los derechos de los trabajadores, y de acuerdos sobre seguridad podría estar supeditada a que se observen las normas de derechos humanos y la gobernanza democrática. La democracia trae aparejados beneficios. Mientras que las autocracias por lo general han propiciado el conflicto, el estancamiento económico o la cleptocracia, como se evidencia en múltiples estudios académicos, incluido el trabajo del economista y ganador del Premio Nobel Daron Acemoglu, las instituciones democráticas generan probadamente crecimiento económico.
Esta nueva alianza basada en los derechos también constituirá un poderoso bloque electoral en la ONU. Podría comprometerse a defender la independencia y la integridad de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, prestar apoyo político y económico y construir coaliciones capaces de promover las normas democráticas, incluso ante la resistencia de superpotencias.
Movilizar con eficacia a los gobiernos para formar una alianza de este tipo no será posible sin la participación estratégica de la sociedad civil y los grupos de interés dentro de esos países que pueden elevar el grado de prioridad de una política exterior basada en los derechos. Será preciso convencer a estos gobiernos e que les conviene proteger el sistema basado en normas, y que tienen la responsabilidad de hacerlo.
Se están generando varios proyectos de este tipo. Chile, que durante la presidencia de Gabriel Boric aplicó una política exterior basada en principios y centrada en los derechos, organizó en julio de 2025 la cumbre “Democracia Siempre”, en la cual líderes de España, Uruguay, Colombia y Brasil se comprometieron a impulsar una “diplomacia democrática activa” asentada en valores compartidos.
El Grupo de La Haya, liderado por Malasia, Sudáfrica y Colombia, se formó en enero de 2025 en “defensa del derecho internacional” y en solidaridad con los palestinos. Más de 70 países de todas las regiones firmaron una declaración conjunta en defensa del multilateralismo en la ONU. Anteriormente, en 2017, el ex primer ministro danés Anders Fogh Rasmussen creó la Fundación Alianza de Democracias para exhortar al número cada vez menor de países democráticos a “darse apoyo recíproco frente a las presiones autoritarias”.
Con independencia de cuáles sean los contornos precisos, el establecimiento de una alianza de democracias respetuosas de los derechos sería un contrapunto esperanzador al bloque autoritario representado por los líderes de China y Rusia que, junto al norcoreano Kim Jong Un, observan el arsenal militar durante un desfile en la plaza Tiananmén de Pekín en el mes de septiembre. Si la filósofa Hannah Arendt estaba en lo cierto cuando dijo que la historia es una lucha continua entre la libertad y la tiranía, sin duda esta última estuvo a sus anchas en 2025.
Sin embargo, incluso en las peores épocas, la idea de libertad y derechos humanos es perenne. El poder popular sigue siendo un motor de cambio. En Estados Unidos, las marchas bajo el lema “No Kings” (No queremos reyes) convocaron a millones de personas, los manifestantes en Chicago, Mineápolis, Los Ángeles y el resto del país se han enfrentado al despliegue de la Guardia Nacional y los abusos del ICE, y los estudiantes siguen organizándose en apoyo a Palestina en los campus universitarios a pesar de las acciones de represión draconianas y la revocación de visas.
Un grupo de manifestantes se congrega frente a las fuerzas del orden tras marchar por el centro de Austin, Texas, al término de la protesta "No Kings" (Día sin reyes) celebrada en Estados Unidos el 14 de junio de 2025.
Animados por la resistencia popular, los parlamentarios surcoreanos sometieron a juicio político a su presidente para impedir que tomara el poder invocando la ley marcial. Las iniciativas de ayuda desde las bases, como las salas de respuesta a emergencias en Sudán, la asistencia por incendios en Hong Kong, los comedores comunitarios de socorro ante ciclones en Sri Lanka y los colectivos ucranianos de ayuda mutua y solidaridad están entre los mejores ejemplos de esta tendencia.
En 2025, las protestas protagonizadas por la Generación Z contra la corrupción, los servicios públicos inadecuados y la mala gobernanza en Nepal, Indonesia y Marruecos pusieron al descubierto la necesidad de que los gobiernos escuchen a sus jóvenes y actúen ante la corrupción y la desigualdad. Pero como lo ilustran las dificultades para restablecer derechos en Bangladesh tras años de gobierno autoritario, los logros obtenidos con la movilización pública pueden perderse fácilmente, a menos que la participación democrática y la libertad de expresión sigan siendo inatacables.
Personas participan en una protesta liderad por jóvenes contra la corrupción y en favor de reformas en educación y sanidad, en Rabat, Marruecos, el 9 de octubre de 2025.
Manifestantes frente al Parlamento de Nepal durante una protesta en Katmandú en la que condenaban las prohibiciones en las redes sociales y la corrupción del Gobierno, 8 de septiembre de 2025.
En este mundo más hostil, el papel de la sociedad civil nunca ha sido tan crítico. También enfrenta peligros cada vez mayores, sobre todo en un entorno en el que la financiación no abunda. En 2025, Human Rights Watch fue calificada como “indeseable” y se le prohibió desarrollar actividades en Rusia. Los socios en Egipto, Hong Kong e India ya conocen muy bien estas tácticas. Las restricciones a la sociedad civil y a las protestas se han vuelto más comunes en Europa, incluso en el Reino Unido y en Francia. Y ahora, por primera vez, muchos se preocupan por los riesgos asociados con tener presencia operativa en EE. UU., donde las Open Society Foundations, un donante importantísimo, ya han sido amenazadas, y el gobierno está preparando una lista de “terroristas internos” como parte de una orientación excesivamente amplia que podría interpretarse que incluye el trabajo de muchas organizaciones progresistas.
Romper la marea autoritaria y defender los derechos humanos es un desafío generacional. En 2026, esto se desarrollará con mayor intensidad en EE. UU., y tendrá consecuencias de amplio alcance para el resto del mundo. Para oponer resistencia, se precisará una reacción decidida, estratégica y coordinada de los votantes, la sociedad civil, las instituciones multilaterales y los gobiernos que respetan los derechos en todo el mundo.
El informe mundial 2026 de Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países.
