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Estados Unidos: Ataques generalizados del gobierno de Trump contra los derechos humanos

Se rechazan normas democráticas y protecciones antidiscriminación; los derechos retroceden a nivel global

Multitudes se congregan durante una protesta “No Kings” (No a los reyes) el 18 de octubre de 2025, en Washington D.C © 2025 AP Photo/Allison Robbert

(Washington, DC) – El segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump se ha caracterizado por vulneraciones generalizadas de derechos humanos y ataques sostenidos contra pilares fundamentales de una gobernanza democrática y responsable en Estados Unidos, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2026. El país ha caído rápidamente en una peligrosa deriva hacia el autoritarismo, una tendencia que la impunidad frente a abusos graves no hará sino acelerar.

En la 36.ª edición, el informe mundial de 529 páginas de Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Philippe Bolopion señala que revertir la marea de autoritarismo que envuelve al mundo es el desafío de una generación. Ante la amenaza sin precedentes que supone para el sistema de derechos humanos la administración Trump y otras potencias globales, Bolopion insta a las democracias que respetan los derechos y a la sociedad civil a construir una alianza estratégica para defender las libertades fundamentales.

“El segundo mandato del gobierno de Trump ha estado marcado por un ataque implacable y generalizado contra derechos y libertades”, afirmó Tanya Greene, directora del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “La administración Trump no solo está desmantelando protecciones arduamente conquistadas en las últimas décadas; está destruyendo pilares esenciales de la democracia estadounidense”.

Entre los principales desafíos de derechos humanos en Estados Unidos durante 2025 se encuentran:

  • La administración Trump inició una campaña brutal y de gran alcance de redadas migratorias y detenciones masivas, con amplios despliegues federales que han aterrorizado a comunidades inmigrantes en todo el país. Expulsó de manera sumaria a personas —incluidas solicitantes de asilo— a terceros países como medida abiertamente punitiva, incluida la desaparición forzada de personas venezolanas trasladadas a una prisión salvadoreña de notoriedad internacional, donde fueron detenidas arbitrariamente y torturadas.
  • La administración Trump emprendió amplios esfuerzos para socavar la rendición de cuentas gubernamental, desmanteló protecciones de derechos civiles y otros mecanismos antidiscriminación, y amenazó a organizaciones de la sociedad civil con investigaciones penales infundadas y con la retirada, por motivos políticos, de su estatus fiscal como entidades benéficas.
  • La administración Trump debilitó el derecho a la salud mediante profundos recortes a subsidios de atención médica de los que dependen millones de personas en Estados Unidos para acceder a un seguro de salud. Quitar la cobertura médica a millones de personas permitirá financiar recortes de impuestos para los hogares más ricos y las grandes corporaciones.
  • Las restricciones al acceso al aborto se extendieron en los estados. La administración Trump atacó a Planned Parenthood, debilitando el acceso a servicios de salud para más de un millón de personas, y recortó la financiación de programas, personal e investigación en salud reproductiva.

En el ámbito internacional, la política exterior de Estados Unidos también estuvo marcada por un desprecio descarado hacia sus obligaciones en materia de derechos humanos y por un giro marcado en contra de que la diplomacia estadounidense priorice seriamente la promoción de los derechos humanos.

En particular, la administración Trump:

  • Puso fin de manera abrupta a casi toda la ayuda exterior estadounidense, incluida la financiación destinada a apoyar a personas defensoras de derechos humanos, a organizaciones locales de la sociedad civil y a asistencia humanitaria vital.
  • Se retiró de foros multilaterales fundamentales para la protección global de los derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
  • Desmanteló la capacidad institucional del Departamento de Estado en materia de derechos humanos y publicó una versión gravemente distorsionada de su informe anual sobre derechos humanos en el mundo.
  • Incrementó su hostilidad hacia mecanismos independientes de rendición de cuentas y esfuerzos globales de justicia, imponiendo sanciones a funcionarios de la Corte Penal Internacional, a un experto de la ONU y a tres destacadas organizaciones palestinas de derechos humanos.
  • Llevó a cabo múltiples ataques militares letales e ilegales contra embarcaciones pequeñas en el Caribe y en zonas cercanas del océano Pacífico, causando la muerte de decenas de personas.

“La política exterior de esta administración refleja su ataque interno contra los derechos”, señaló Sarah Yager, directora para Washington en temas de política exterior en Human Rights Watch. “El mismo desprecio por el Estado de derecho que impulsa los abusos dentro del país está detrás de estos asesinatos extrajudiciales en el mar, en un desafío flagrante al derecho internacional”.

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